El fin de las querellas del SII

18 abril 2017, 17:04 hrs
Santiago. 18 abril 2017.  Fiscalizadores de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) iniciaron hace dos semanas un masivo proceso de notificación de “actas de denuncia” a empresas que habían sido vinculadas a pagos irregulares a políticos, en las causas Penta y SQM, y que no contaban con querella o denuncia del organismo.
 
Al final del documento que hasta ahora se ha enviado a cerca de una decena de firmas se explicita que el contribuyente tiene un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación, para presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) correspondiente para presentar sus descargos, o allanarse al proceso de cobros de multa por infracciones tributarias.
 
Con esto, se materializa la decisión del actual director del SII, Fernando Barraza, de optar por la vía pecuniaria -y no la penal- para sancionar y restituir los perjuicios fiscales provocados por las empresas investigadas en los dos principales casos de financiamiento ilegal de la política.
 
De esta forma, el ente fiscalizador desestimó los numerosos antecedentes que el Ministerio Público le ha mandado en los últimos dos años para iniciar investigaciones previa denuncia o querella del SII. Ello, porque el artículo 162 del Código Tributario entrega al SII la facultad exclusiva de perseguir penalmente los delitos impositivos. El Ministerio Público ha pedido, en último caso, que el SII denuncie hechos irregulares, y no contribuyentes específicos, para poder iniciar las pesquisas.
 
Según datos recopilados por Reportajes, entre las empresas que han recibido las actas de denuncia y que deben decidir si se allanan al pago o presentan sus descargos en los Tribunales Tributarios Aduaneros están: Bci, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, entre otras.
 
En toda esta operación, cuentan fuentes del SII, el Fisco lograría recaudar más de mil millones de pesos a través de multas que van desde el 50% hasta el 300% del perjuicio fiscal ocasionado por cada una de estas empresas que declararon de forma maliciosamente falsas facturas y/o boletas, incorporándolas a su contabilidad y rebajando así sus bases imponibles.
 
La arremetida ante los Tribunales Tributarios Aduaneros abarca sólo los últimos cuatro años tributarios, ya que ese es el plazo en que prescribe la acción pecuniaria. Es decir, sólo fueron incluidos pagos rectificados a contar de 2012 y se dejó fuera a empresas vinculadas a financiamiento de campañas anteriores a esa fecha.
 
Durante esta semana ya se han acercado las primeras firmas para allanarse al pago de las multas y cerrar así este capítulo que se abrió en marzo de 2015, cuando el entonces director del SII, Michel Jorratt, hizo un llamado a los contribuyentes -tras el estallido del caso Penta- a rectificar impuestos vía autodenuncia, cuyo plazo venció el 30 de junio de ese año. En esa misma ocasión, se sostuvo, la vía penal iba a quedar “reservada para los casos de mayor gravedad”. Y ese fue el criterio refrendado por Barraza y su equipo, entre quienes está el subdirector jurídico, Bernardo Lara.
 
En las “actas denuncia” que han llegado a manos de los representantes legales de estas empresas se advierte la tipificación de la conducta (Artículo 97 N° 4 del Código Tributario, inciso 1): “Declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda”.
 
También se desarrolla un ítem que habla sobre “la malicia” de la conducta constatada por la multiplicidad de documentos tributarios irregulares utilizados y que, pese a la inexistencia de respaldos para dichos desembolsos, fueron catalogados como gastos necesarios para generar renta e incluidos en las declaraciones anuales.
 
Hace un año, el SII había optado por la misma vía en el caso del ex concejal de Maipú Antonio Neme. El SII recurrió en abril de 2016 al TTA para denunciarlo por facilitar boletas ideológicamente falsas e infringir la ley de donaciones por $ 58 millones recibidos por la empresa Proactiva, por la cual estaba siendo investigado en el llamado caso basura. Neme señaló que fueron aportes de campaña y la fiscalía lo formalizó por cohecho, no por delitos tributarios. El camino seguido por el SII en ese caso ilusionó a las defensas de varias empresas investigadas por aportes irregulares a políticos, que vieron un camino de salida a la judicialización de sus causas.
 
Las empresas que hoy el SII está llevando al Tribunal Tributario, explican en el ente fiscalizador, cumplen con algunos requisitos definidos por la entidad para desestimar querellas: bajos montos de perjuicio y baja reiteración de los hechos indagados. “Se trata, además, de empresas que se autodenunciaron, que ya rectificaron el pago de sus impuestos y que ahora deberán enfrentar otras multas”, detalla uno de los conocedores de este proceso.
 
A más de dos años del llamado de Jorratt, el SII tomó la determinación de seguir la llamada “vía pecuniaria” y desechar acciones penales que involucren al Ministerio Público. A estas empresas, también se sumarían personas naturales.
 
La adopción de este camino tiene otra razón: en recientes acuerdos de suspensión del procedimiento en el caso SQM, el SII habría quedado disconforme con las multas solicitadas por el equipo de fiscales a los denominados “boleteros”, ya que en algunos casos obligan al pago de solo un 5% del monto total del perjuicio fiscal provocado. Al respecto, los abogados del SII han refutado en las audiencias estos acuerdos señalando que si se han querellado o denunciado es para restituir montos más elevados, advirtiendo que en los tribunales tributarios conseguirían multas mayores y la misión de recaudación del organismo se vería refrendada.
 
El fin de los casos
 
Esta semana, el fiscal nacional, Jorge Abbott, advirtió que era “poco probable” que las causas sobre financiamiento irregular de la política terminen antes de las elecciones de noviembre. Sin embargo, al menos en los casos derivados de SQM y Penta, la decisión del SII de optar por la vía pecuniaria y no presentar querellas determinará el fin de las aristas que han quedado abiertas, a la espera de un pronunciamiento del organismo fiscalizador.
 
De hecho, la última querella presentada en estos casos data de hace casi un año, en mayo de 2016, y fue contra los hijos del senador DC Jorge Pizarro en el caso SQM. En una querella anterior, de abril de 2016, el SII había manifestado, de modo inédito, contra quienes esa acción judicial no estaba dirigida. El SII dejó fuera de su persecución a 13 emisores de documentos por prescripción, por la baja cantidad de boletas y facturas cursadas y por el exiguo monto consignado.
 
En la investigación de Penta, en tanto, la última acción judicial del SII por la arista política se realizó en octubre de 2015, contra Laurence Golborne. Tras presentar la acusación en este último caso, el jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, se refirió a la importancia de los pronunciamientos del SII para poder continuar. “En el caso de Bci, Caburga, Eccsa, por ejemplo, nosotros separamos investigación, por lo que está vigente. Para poder continuar con ella y tratarse de ilícitos tributarios es necesario una querella o denuncia del SII. Si ellos no se querellan o denuncian no podemos continuar adelante con la investigación de delitos tributarios”, sostuvo.
 
En ese sentido, agregó que “por eso creo que los delitos tributarios, por su gravedad y por afectar al conjunto de la sociedad, deberían ser de acción penal pública y no dejarlos en manos de un organismo administrativo, esto no es una crítica al SII, sino la constatación de hechos y el cuestionamiento a la legislación”.
 
Desde el propio Servicio señalan que los contribuyentes pueden impugnar las actas de denuncia, por lo que niegan que todo esté definitivamente zanjado. “En aquellos casos en que no se esté de acuerdo con la multa, y se rechace esta vía, aún podemos querellarnos o denunciar ante la justicia penal, siempre que los casos no estén prescritos”, sostuvo una alta fuente del ente fiscalizador.
 
La gestión del actual director modificó algunos de los criterios que había aplicado su predecesor, Michel Jorratt, en la investigación de estos casos. La actual administración ya no presentó denuncias, solo querellas, y estas últimas han sido solo nominativas, ya no “contra quienes resulten responsables”, lo que permitía a la fiscalía determinar el sujeto final de sus investigaciones.
 
Además, precisó en detalle los criterios utilizados en la persecución penal. Un oficio de mayo de 2016 enviado a cuatro diputados -Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic- enumeró los seis criterios que considera para ello: la gravedad de las irregularidades detectadas; la reiteración; el uso de asesoría tributaria; el efecto ejemplarizador; la cuantía del perjuicio fiscal, y la calidad de la prueba reunida.
 
Asimismo, el SII ha defendido su exclusividad en el ejercicio de este tipo de acciones penales. “Siempre el director del SII, desde 1960 a la fecha, ha sido el titular de la acción penal, en el entendido que la acción penal por delito tributario es una facultad del SII coadyudante a su función principal, que es la fiscalización”, declaró Bernardo Lara, el actual jefe jurídico del SII, a La Tercera hace justo un año.
 
Las empresas
 
Las sociedades que hoy el SII está llevando por la vía de las “actas de denuncia” están vinculadas a pagos recibidos por personas políticamente expuestas. Muchas de esas empresas figuran en las investigaciones del Ministerio Público con aportes realizados al ex precandidato presidencial Laurence Golborne, a cuya campaña contribuyeron, entre otras, Ripley (Comercial Eccsa S.A.), Bci y Watt’s. Ripley rectificó, además, un pago hecho a Asesorías Credo Ltda., una de las empresas proveedoras en la campaña de Miche-lle Bachelet en 2013.
 
Las sociedades Inversiones Caburga e Inversiones Newport, también incluidas en el proceso de notificación que emprendió el SII, hicieron rectificaciones tributarias por pagos realizados en 2009 a sociedades y personas ligadas a los candidatos presidenciales de ese año: Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. CorpBanca, en tanto, figura en los expedientes con un pago realizado a un ex asesor del ex alcalde Pablo Zalaquett. La mayor cantidad de empresas incorporadas a este procedimiento masivo del SII integran el grupo Angelini: Empresas Copec, Celulosa Arauco, Abastible, Forestal Arauco e Inversiones Siemel. Entre otras operaciones cuestionadas, las dos primeras compañías hicieron pagos en 2012 por más de $ 200 millones en total a Asesorías y Negocios, la empresa del operador PPD Giorgio Martelli y ex recaudador en la campaña de Bachelet.
 
Fuente: La Tercera.

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