Tensión en Río Turbio por demanda de trabajadores

12 marzo 2018, 10:03 hrs
Río turbio. 12 marzo 2018.  Desde la desaparición del artesano Santiago Maldonado en medio de la represión en la PuLofCushamen, en Chubut, la presencia de Gendarmería en los pueblos de la Patagonia ha cobrado otro tenor. 
 
Las decisiones del Gobierno Nacional, con un contradictorio afán por impartir el orden a través de fuerzas de “seguridad” que sólo intentan avasallar pueblos, no ha hecho más que unir a esas comunidades en defensa de sus derechos adquiridos. 
 
La llegada de Gendarmería la semana pasada a Santa Cruz fue causando rechazo, como una especie de efecto dominó, según avanzaba por la provincia. Su destino: Río Turbio. Su misión: tratar de “prever hechos de alteración al orden público”, aunque actualmente lo que prima es el orden y la defensa de lo público. 
 
Allí, dos comunidades -Río Turbio y 28 de Noviembre- se han hecho una, ante la acción que consideraron desmedida de enviar un escuadrón antidisturbios a un lugar donde desmanes no existieron. 
 
Esa intentona volvió a replicarse el martes en la madrugada. Sin embargo, allí estaban los pueblos, empoderados. Cientos de trabajadores y vecinos de la Cuenca Carbonífera, con la cabeza en alto y el pecho inflado por pertenecer a una sociedad que ya ha vivido el atropello de los ‘90. “Fuerza mineros en lucha”, escribieron sobre una loma en el ingreso a la ciudad. Antes, un cartel sobre la ruta que señala el desvío a Río Turbio reclama: “Queremos trabajo, no palos”. 
 
Lo de Maldonado, lo de los últimos días en la Cuenca y otras expresiones en sentidos similares no hacen más que sentar el precedente de un accionar con tintes represivos desde una fuerza creada para infundir seguridad y no miedo. 
 
¿Quién dio la orden?
 
No está claro aún el origen de la orden de enviar a los efectivos a Santa Cruz. Lo que sí queda claro es que la empresa YCRT está intervenida por el Gobierno Nacional y haya sido por sugerencia de la misma Intervención al Ministerio de Seguridad o por decisión directa del Ejecutivo, siempre se trata de la administración de Cambiemos. 
De hecho, el jueves pasado el secretario de Seguridad de la provincia, Lisandro de la Torre, viajó a Buenos Aires para reunirse con su par a nivel nacional, Gerardo Milman, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el responsable de Gendarmería Nacional. Allí suscribieron un acta por la que se comprometían a “replegar las unidades móviles dispuestas en la provincia de Santa Cruz”. “Es un triunfo de la democracia y la racionalidad”, sostuvo el funcionario provincial. 
 
10 provincias preocupadas
 
Esta semana se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la XXVII Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos, de la que participó la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Astrada. 
En ese contexto, Santa Cruz, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Entre Ríos y Catamarca firmaron una declaración en la que repudiaron “el terror infundado por las fuerzas de seguridad y “su preocupación sobre la decisión de enviar más de 200 efectivos de Gendarmería a la localidad de Río Turbio, teniendo en cuenta que en el último tiempo fueron despedidas 500 personas de YCRT, quienes se están manifestando por sus puestos de trabajo, generando una situación de conflicto y temor en la población”.
 
Planteos
 
En tanto, durante ese plenario se consensuó la “ratificación, en virtud del 42 aniversario del último golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, que inició la peor dictadura de nuestra historia y cuyas consecuencias aún hoy tienen impacto en nuestra sociedad, de nuestro compromiso irrestricto con la Memoria, Verdad y Justicia, y de trabajar por el fortalecimiento de nuestra Democracia en donde el ‘Nunca Más’ sea una realidad”. 
 
En este marco, reafirmaron “las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, las políticas reparatorias como política de Estado y la continuidad de los juicios de lesa humanidad”, expresando “su preocupación de que las prisiones o libertades domiciliarias se constituyan en una nueva forma de impunidad en la Argentina”. 
 
Además, celebraron “el trabajo realizado por el Estado Nacional, las provincias y la Cruz Roja Internacional en la identificación de los restos de los soldados argentinos presentes en el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas”, brindando “su apoyo y colaboración a esta iniciativa”, a través de la cual en enero de este año se determinó que uno de los cuerpos exhumados era el del soldado santacruceño José Honorio Ortega. 
 
También, en tiempos en que se abrirá el debate en términos legislativos, el Consejo Federal de Derechos Humanos expresó “el deber de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, y su real y efectivo ejercicio, y la implementación de los protocolos de interrupción legal del embarazo en todas las jurisdicciones de nuestro país”. 
 
“Asimismo -agrega el texto al que tuvo acceso La Opinión Austral-, declara la necesidad de que, en el marco de Congreso de la Nación, se dé un debate responsable, amplio y participativo, y que incorpore el enfoque de derechos humanos para el tratamiento de la legalización del aborto en la Argentina”. Piden, además, que se considere “la participación de las organizaciones sociales en las audiencias que se lleven a cabo”. 
 
Casi en directa relación con lo sucedido en la semana con Gendarmería, durante el plenario de derechos humanos manifestaron “la necesidad de promover que las fuerzas de seguridad, en el ámbito federal y provincial, como los ministerios de Seguridad incorporen los instrumentos, protocolos y estándares de derechos humanos establecidos en la Organización de Naciones Unidas, en cuanto al uso de la fuerza y que se establezcan todos los mecanismos de monitoreo para su cumplimiento”.
 
Por lo que llamaron a “continuar construyendo un Estado democrático, libre de violencia institucional. Cualquier abuso por parte de las fuerzas de seguridad debe ser investigado y sancionado en cumplimiento de las garantías del debido proceso”.
 
Fuente: La Opinión Austral.

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